El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva está considerando varias medidas fiscales para aumentar los ingresos, incluyendo la tributación retroactiva de las empresas de juegos de azar, tras la reciente derogación de la Medida Provisional 1.303 de 2025. Esta medida, que buscaba aumentar el Impuesto a las Transacciones Financieras (IOF), fue rechazada, lo que ha llevado a la administración a explorar alternativas para compensar las pérdidas presupuestarias.
Medidas Propuestas
Tributación Retroactiva de Juegos de Azar: El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, ha señalado que se espera implementar una tributación retroactiva para las empresas de juegos de azar, con un potencial de ingresos de R$ 5 mil millones. Esta medida se incluiría en un nuevo proyecto de ley que establecería el programa «Litigios de Apuestas Cero», diseñado para regularizar activos cambiarios y tributarios.
Régimen de Apuestas Cero: Este régimen permitiría a las casas de apuestas regularizar sus obligaciones tributarias, con un impuesto sobre la renta del 15% sobre las ganancias de capital y una multa del 100% sobre el impuesto determinado. Las casas de apuestas autorizadas por el Tesoro serían las únicas elegibles para participar, y el plazo de adhesión sería de 90 días después de la promulgación de la ley.
Aumento de Impuestos sobre Ingresos por Apuestas: El diputado Lindbergh Farias ha propuesto duplicar el impuesto sobre los ingresos brutos por apuestas del 12% actual al 24%, destinando los fondos recaudados a la seguridad social.
Recortes Presupuestarios: Haddad ha considerado recortar las enmiendas presupuestarias propuestas por el Congreso como una medida para reducir gastos y generar ingresos adicionales.
Aumento de Impuestos a Fintechs: Lula también está evaluando un aumento en la tasa impositiva para las fintechs, que actualmente tienen un impuesto CSLL del 9%. La Medida Provisional anterior había propuesto elevar esta tasa al 15%.
Decretos para Aumentar el IOF: Otra opción es reanudar el aumento del IOF, que puede implementarse por decreto, dado que el Tribunal Supremo Federal ha validado esta prerrogativa del gobierno. Sin embargo, este aumento fue mal recibido por la opinión pública en el pasado.
